Un largo camino se interpone entre Manuel y su sueño de convertirse en ciudadano estadounidense. Sigue adelante, aunque no tan rápido como quisiera. Tiene permiso de trabajo, número de Seguro Social, licencia de conducir y paga impuestos… quizá todo lo que hace un ciudadano promedio en Estados Unidos. Pero para él, no tener un pasaporte azul lo convierte en un extraño.
Es ecuatoriano, tiene 42 años y es padre de tres niños. El más pequeño tenía dos cuando cruzaron el Río Bravo y se entregaron a las autoridades de inmigración en Texas en busca de asilo, hace casi tres años. Tiempo después, llegaron a Peekskill para establecerse.
Un abogado lleva su caso. Jamás ha faltado a la corte y cumple con la ley.
“Lo primero que me aconsejó el abogado fue que me alejara de los problemas: nada de alcohol, nada de fiestas. Mi vida es trabajar para salir adelante”, relata.
En el limbo
Hace unos meses, el camino hacia la ciudadanía parecía más corto para Manuel. Se había sugerido que su solicitud de asilo podría ser aprobada después de un año, lo que le permitiría convertirse en residente y, cinco años después, en ciudadano.
Ahora no hay certezas. La nueva administración del presidente Donald Trump y sus políticas ponen trabas al sueño de Manuel. En la corte, un juez podría solicitar más pruebas sobre las razones por las que solicita el asilo, negar el caso y, en consecuencia, el inmigrante tendría que apelar. Incluso, con los recientes cambios en las leyes, Manuel podría no llegar nunca a la corte y recibir directamente una orden de deportación. Todo puede pasar.
“Hacer las cosas bien tiene un precio económico muy alto. Yo gasté 10 mil dólares para empezar mi caso y obtener mi permiso de trabajo”, detalla.
Llegar a la corte para exponer su solicitud de asilo le costará unos cuantos miles de dólares más, siempre y cuando no surja algún contratiempo.
“He tratado de seguir con el proceso por mi cuenta, pero no sé inglés y tengo miedo de llenar mal algún formulario y que todo el esfuerzo no haya valido la pena”, añade.
Reconoce que las plataformas digitales de las entidades de inmigración son bastante claras y amigables. Sin embargo, el desconocimiento de las leyes y la barrera del idioma lo han llevado a buscar asesoría.
Manuel se esfuerza por encajar en el país. Dos veces por semana acude a la biblioteca de la ciudad para tomar clases de inglés. A veces siente que la edad no le permite aprender con la misma rapidez que sus hijos, quienes llevan una clara ventaja.
“Ellos me acompañan cuando tengo que hacer algún trámite. La gente piensa que la migración solo es difícil hasta llegar al destino, pero se olvidan de los retos del día a día”, comenta.
Bajo la sombra
A diferencia de Manuel, Ana no ha podido legalizar su estatus en el país. No existe huella suya en ningún sitio. Ha vivido “bajo la sombra” por más de cuatro años y ahora teme ser deportada, sobre todo porque las políticas antiinmigrantes se han intensificado y el Departamento de Seguridad Nacional anunció la implementación de una plataforma digital para el registro de indocumentados.
Toda persona mayor de 14 años que no tenga papeles en regla debe inscribirse en el sistema. Si no lo hace, podrá ser multada o encarcelada por hasta seis meses.
Le aterra tan solo pensarlo.
“Trabajo en limpieza. Me pagan en efectivo. No tengo cuenta bancaria. He tratado de no dejar rastro mío en ningún lugar. Nunca he ido al hospital, no tengo licencia de conducir ni ninguna identificación aparte de la de mi país (México)”, explica.
Pero esas “precauciones” para no ser identificada son inútiles.
“Cuando llegué, fui donde unos abogados, pero ellos me explicaron que no tengo oportunidad de obtener papeles”, relata.
En ese momento, decidió ser cautelosa y no incurrir en un gasto legal que no le garantizaría un futuro prometedor.
Según el Instituto de Política Migratoria, unas 54 mil personas que viven en el condado de Westchester son indocumentadas. Esto representa el 5 % de la población.
La esperanza de Gloria
Del otro lado de la línea está Gloria, con su residencia estadounidense. Le faltan apenas unos meses para convertirse en ciudadana y, aunque el camino se supone más sencillo, ella está llena de miedos.
No son las pruebas de suficiencia en inglés o de conocimientos de civismo de Estados Unidos lo que la ponen nerviosa, sino los cambios en las normativas que está implementando el gobierno actual.
Gloria teme que se añadan nuevos requisitos o que se le impongan trabas que retrasen su proceso.
Hace más de cuatro años, llegó a Peekskill después de que el padre de su esposo completara el proceso de petición de un familiar inmediato. Dejar su país no fue fácil, pero la búsqueda de un futuro mejor la llevó a tomar esa decisión.
“Este es un país lleno de oportunidades. Si uno hace las cosas bien, puede llegar muy lejos”, explica. Sabe que habla desde un lugar de privilegio y que, quizás, no todos tienen la posibilidad de regularizar su situación legal. Sin embargo, para Gloria, la lucha también continúa. Esto debido a que los cambios en las leyes propuestos por la administración actual, también podría mover su estabilidad.
Abogada de inmigración habla sobre audiencias migratorias y deportaciones
Ya sea en el camino hacia la ciudadanía o ante el temor a la deportación, el tema de la inmigración es bastante confuso.
Caridad Pastor, abogada en Pastor & Associates P.C., recomienda que quienes no ingresan a través de un puerto de entrada regular se entreguen lo antes posible y soliciten una audiencia ante un juez de inmigración.
“Siempre es mejor entrar por un puerto de entrada oficial y solicitar asilo allí mismo”, dijo Pastor al Herald, el pasado 24 de febrero.
Caridad Pastor
Cortesía de Pastor & Associates
El despacho de Caridad Pastor, Pastor & Associates, cumplirá 25 años en noviembre. Aunque no ha llevado casos en Peekskill, sí ha trabajado en Buffalo, Nueva York y en todo el país.
El tiempo de espera para recibir una decisión de un juez varía según la corte de inmigración y el flujo de personas que solicitan audiencias.
El día en que el Herald habló con Pastor, ella se encontraba en una corte de Nueva York, donde las personas estaban siendo programadas para audiencias individuales de asilo previstas para 2028. En contraste, en Detroit, estos casos suelen recibir una audiencia en un plazo de seis meses, explicó.
Al preguntarle sobre los conceptos erróneos más comunes sobre inmigración, Pastor señaló que muchas personas creen que cualquier inmigrante indocumentado puede ser detenido en cualquier momento. Sin embargo, aclaró quiénes son los principales objetivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Están buscando a personas acusadas de delitos o que ya tienen condenas criminales”, explicó Pastor. “Puede ser cualquier delito, incluso un hurto menor en una tienda; si hay una denuncia, pueden ser detenidos por ello.”
ICE necesita una orden judicial firmada por un juez de un tribunal de distrito federal que especifique lo que se les permite registrar. Según Pastor, estas órdenes judiciales son poco comunes.
Una orden de este tipo fue la razón por la que ICE visitó Peekskill, el 31 de enero. La policía local informó que las agencias federales, incluido ICE, estaban buscando a un individuo con antecedentes criminales.
Pastor, quien atiende clientes en todo el país pero no en Peekskill, afirmó que en sus 34 años como abogada solo ha visto a ICE ejecutar una orden judicial, y fue en el marco de una operación conjunta con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
“Ingresar a una propiedad privada está obviamente protegido por la Constitución, y los jueces son reacios a emitir estas órdenes a menos que haya pruebas contundentes de actividad criminal…”, dijo Pastor. “O… que la persona en la propiedad haya estado involucrada en actividades delictivas o siga participando en ellas.”
En contraste, las órdenes administrativas son emitidas por ICE y no tienen el mismo peso legal que una orden judicial, explicó Pastor. Con una orden administrativa, ICE puede arrestar a personas en lugares públicos, pero no puede ingresar a una vivienda privada.
“Nadie está obligado a abrir la puerta ni permitirles la entrada”, dijo Pastor. “Siempre aconsejo a mis clientes que les pidan deslizar la orden bajo la puerta, para evitar cualquier confusión sobre si se les ha permitido el acceso o no.”
Tener la residencia permanente no impide que ICE pueda detener a una persona si existe una acusación en su contra, también explicó Pastor el 24 de febrero.
Este fue el caso, la semana pasada, cuando un graduado de la Universidad de Columbia con tarjeta de residencia fue detenido por ICE en Nueva York y trasladado a un centro de detención en Luisiana tras haber participado en la organización de protestas en el campus contra la guerra en Gaza.
En la mayoría de los casos, una persona detenida tiene derecho a comparecer ante un juez de inmigración para que un abogado pueda defender su caso, refirió Pastor. Sin embargo, si un juez ya ha emitido una orden de deportación y la persona no ha salido del país, entonces pierde el derecho a una nueva audiencia.
Pastor recomienda a sus clientes llevar consigo tarjetas de “Conozca sus derechos” para mantenerse informados, así como completar formularios de tutela en caso de ser deportados y necesitar designar a un tutor para su hijo.
“Es importante asegurarse de que los niños estén bajo buen cuidado, independientemente de si eventualmente se reunirán con sus padres en su país de origen o no”, detalló Pastor. “Debes contar con alguien que, al menos, pueda hacerse cargo del niño mientras atraviesas el proceso legal.”
El formulario de tutela del estado de Nueva York está disponible y es accesible en varios idiomas tanto para ciudadanos como para no ciudadanos.
