En la mente de Laura (Guatemala), la idea de retirar a sus hijos de la escuela ronda constantemente. La mujer, quien es residente de Peekskill, siente que los salones de clases han dejado de ser un lugar seguro para su familia tras los recientes anuncios del presidente Donald Trump en el marco de las deportaciones masivas de migrantes indocumentados. Iglesias, hospitales, escuelas y otras zonas sensibles podrían ser intervenidos por agentes de migración.
Laura, quien llegó a Estados Unidos hace siete años, está aterrada. Ha escuchado de sus allegados que las Elementary Schools de Peekskill están tomando medidas al respecto. “Dicen que debemos llenar un formulario con los contactos de emergencia autorizando a otras personas, que no sean los padres, para retirar a los niños de la escuela en caso de que algo pase”, explica.
La madre de tres niños, de entre segundo y quinto grado, aún no ha recibido dicho formulario. Sin embargo, ya se encuentra ante la disyuntiva de no saber qué contacto agregar al documento, que una vez completado debe ser notarizado.
Su cuñada, también en situación irregular, había sido su referencia personal durante los últimos años en ese apartado, pero ya no lo será más. “Tiene miedo de que lleguen a ella, por medio del formulario, y la deporten. No se quiere arriesgar, y de cierta forma yo la entiendo. Todos estamos asustados”, señala.
Aunque el documento para asignar a una persona que recoja al niño en caso de que sus padres o guardianes no puedan hacerlo es parte del proceso regular para inscribir a los alumnos en los centros educativos, en el contexto actual es “una señal de alarma”, sobre todo ahora que se exige su autenticación. “Estamos paranoicos. Vivimos todo el tiempo en suspenso sobre lo que pueda pasar”, añade.
No hay garantías
La semana pasada, la alcaldesa de Peekskill, Vivian McKenzie, se refirió a la situación y explicó que la policía no colaborará con las acciones de las autoridades de inmigración (ICE).
Aunque esto suene “alentador” para los migrantes, no es una garantía para Elizabeth (El Salvador). Es madre de dos niños, de entre siete y nueve años, y residente de la ciudad desde 2019. Llegó a Estados Unidos hace poco más de una década. Su meta, como la de muchos migrantes, es “una vida más digna”.
Sus niños, quienes son ciudadanos estadounidenses, continúan yendo a la escuela.
“Claro que tengo miedo de que me arresten y me deporten, pero más miedo me da que ellos no estudien para tener un futuro mejor”, enfatiza.
Elizabeth tampoco ha recibido el formulario que debe ser avalado por un notario. Sin embargo, ya se ha adelantado a la situación.
“Le pedí a mi jefa, que es residente, que me permita poner su contacto en caso de alguna emergencia. Antes era mi hermana, pero ella es ilegal como yo. No quiero meterla en problemas”, refiere.
Por el momento, la mujer ha decidido dejar de lado las redes sociales porque se siente abrumada por las noticias que recibe frecuentemente sobre redadas, deportaciones y arrestos.
“Yo seguiré trabajando como lo he hecho siempre, sin meterme en nada malo y pidiéndole a Dios que cuide de mí y mi familia hasta que algún día pueda ser libre en este país que nos ha dado todo”.
Lluvia de casos
La abogada Damaris Montero, defensora de la comunidad latina, explica que la preocupación entre los migrantes es generalizada. Desde que Trump asumió la presidencia, las llamadas para asistencia legal con relación a las deportaciones se han triplicado. “Al momento tengo citas disponibles para julio. La gente realmente tiene miedo, sobre todo cuando tienen niños. Lo importante en estos casos es no desinformar, y si la persona es detenida por agentes de inmigración, está en su derecho de guardar silencio y contactar a un abogado”, aclara.
Montero se refiere a la medida escolar como una forma de precautelar el bienestar de los niños. Esto se debe a que las autoridades escolares no pueden intervenir ante las acciones de ICE, pero sí están en la obligación de garantizar que el infante permanezca a buen recaudo mientras se resuelve la situación de sus padres.
