[Para tener contexto sobre esta historia, consulte los artículos del Peekskill Herald del 25 de septiembre de 2024, 10 de enero de 2025, 17 de enero de 2025 y 22 de enero de 2025.]
La acusación de que un concejal de Peekskill utilizó su influencia política, en violación del Código de Ética de la ciudad, ha llevado a su censura. Esto, a su vez prepara un escenario potencialmente intenso para la contienda, por el cargo de alcalde, en las elecciones de este año.
El Consejo Común de Peekskill votó este lunes 27 de enero, con 5 votos a 1, para censurar al concejal Ramón Fernández. Los miembros del Consejo condenaron a Fernández por presuntamente haber usado su posición oficial para lograr que se desestimaran multas de tráfico a un amigo de la familia. Esto habría ocurrido, en 2018, gracias a la intervención del juez Reginald Johnson, quien fue obligado a retirarse el año pasado.
Los cinco concejales que votaron a favor de la censura del funcionario fueron la alcaldesa, Vivian McKenzie; la vicealcaldesa, Patricia Talbot; Brian Fassett; Dwight Douglas y Robert Scott. Fernández, por otro lado, votó en contra, mientras que la concejal Kathleen Talbot no estuvo presente en la reunión para emitir su voto.
La resolución expresó desaprobación hacia la conducta de Fernández y señaló que sus acciones habrían corrompido y subvertido el sistema de justicia, ya que este tipo de hechos socavan la confianza del público en el gobierno local. Además, el documento destacó que Fernández no mostró remordimiento alguno.
Tras la votación, Fernández declaró: “Me gustaría expresar mis más profundas disculpas por esta situación, ocurrida hace casi siete años, cuando busqué inapropiadamente la indulgencia del juez Reginald Johnson en favor de un estudiante beneficiario de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que estaba involucrado”.
Enseguida, Fernández agregó que la censura sería una represalia política de la alcaldesa McKenzie, a quien planea enfrentar en las elecciones para la alcaldía en 2025.
Fernández acusa de doble moral
En una declaración leída durante la sesión, Fernández afirmó: “Esto es una represalia política por parte de la alcaldesa McKenzie y expone su doble moral”.
Después de que la Comisión Estatal de Conducta Judicial identificara a Fernández como una de las personas favorecidas por el juez Johnson, McKenzie y el Consejo remitieron el caso a la Junta de Ética. Sin embargo, recientemente, la junta desestimó la queja debido a que el estatuto de limitaciones expiró dos meses antes de que el caso fuera remitido en septiembre.
“A pesar de esto, la presión para mi censura persiste”, dijo Fernández. “Seamos honestos: esto no se trata de rendición de cuentas ni de ética. Esto es una represalia política”.
Fernández argumentó que el Consejo utilizó el informe de Conducta Judicial sobre el juez Johnson, que lo mencionaba como testigo material, como munición política para censurarlo, añadiendo que tal movimiento podría constituir represalia contra un testigo.
Según la queja, en marzo de 2018, Mateo Piragua, amigo de la familia de Fernández, fue acusado de conducir un vehículo sin licencia y mientras usaba un teléfono celular. Luego, en junio de ese mismo año, fue acusado nuevamente por conducir sin licencia y no obedecer a una señal de alto.
Entre junio o julio de ese mismo año, Fernández se reunió con el juez Johnson para hablar de las multas. Argumentó que eran injustas y se refirió a Piragua como una buena persona. Según el informe, Fernández entendió que Johnson desestimaría los cargos.
Antes de disculparse ante el Consejo, Fernández explicó que Piragua era un constituyente hispano, en proceso de regularizar su estatus migratorio, por lo que temía que cualquier mancha en su historial afectara su elegibilidad. También agregó que pidió a Johnson revisar el caso para minimizar los efectos de las multas.
En lugar de buscar beneficio personal, Fernández mencionó que solo quería ayudar a un joven con un futuro prometedor y que era un miembro vulnerable de la comunidad de Peekskill. Según la Comisión Estatal, Piragua es un amigo de la familia que ha participado en actividades locales de fútbol con Fernández.
Exalcalde y residentes critican a Fernández y al Consejo
Durante la sesión del 27 de enero, varios residentes de Peekskill aplaudieron a Fernández, mientras que otros lo criticaron. Un orador acusó, tanto a Fernández como al Consejo, por tener una “doble moral”.
Por otra parte, Lee Esther Brown, residente de Peekskill, dijo que era incorrecto censurar a Fernández y no al concejal Robert Scott, quien actualmente espera resolución tras ser inculpado de falsificar firmas en sus peticiones electorales.
“Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa”, dijo Brown. Esto en relación con el caso del superintendente del Distrito Escolar, Dr. David Mauricio, quien logró que se desestimara una multa por exceso de velocidad gracias al juez Johnson.
Del mismo modo, hizo una crítica al concejal Brian Fassett, quien, según Brown, celebró la muerte de Pat Robertson, un televangelista controvertido y crítico de los derechos LGBTQ+ y el feminismo.
En el informe de ética estatal, Mauricio fue citado diciendo: “Dile a tu esposo que le doy las gracias”, después de que Pamela Hallman-Johnson, esposa del juez y entonces miembro de la Junta de Educación, le informara en un evento, en febrero de 2020: “Hoy mi esposo resolvió ese asunto”.
En octubre de 2024, la Junta de Educación de Peekskill exoneró a Mauricio de cualquier irregularidad, afirmando que este solo preguntó cuándo se revisaría su caso, no si se le anularía la multa, lo cual hizo el juez por su cuenta.
“Ambos deberían renunciar”, dijo Brown refiriéndose a Scott y Fernández. “Todos cometemos errores. Dios sabe que yo he cometido muchos. Soy una vieja luchadora. Pero lo que hiciste (Scott)… Dijiste que fuiste testigo de esas firmas, incluyendo las de dos familiares míos que nunca han estado en tu tienda de jugos y a quienes nunca has visitado en sus casas, y hasta hay firmas de personas fallecidas”.
Aunque censuró a Fernández, el Consejo no tiene autoridad para destituir a un funcionario electo, algo que solo el gobernador puede hacer, como señaló la alcaldesa McKenzie. Al ser cuestionada por Brown sobre por qué no pidió la renuncia de Scott, como lo hizo con Fernández, McKenzie respondió que el caso de Scott aún está en los tribunales y que la ley establece que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Residentes defienden a Fernández
Antes de la votación, la residente Ingrid Wittman expresó su apoyo a Fernández, reconociendo su error pero argumentando que no debería renunciar.
“Lo conozco. Sé que se siente mal por lo que hizo”, dijo Wittman. “Y creo que humillarlo públicamente es innecesario… No soy una persona perfecta, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo que ocurra en los próximos cuatro años no será fácil. Debemos mostrar compasión mutua”.
En la sección “Ciudadanos que desean ser escuchados” de la reunión, también intervino el exalcalde de Peekskill, Andre Rainey. Relató una historia de hace siete años sobre un hombre que habló de llevar unidad y positivismo a Peekskill. Sin embargo, Rainey dijo que el mes pasado vio lo contrario en ese hombre, cuyo nombre no mencionó.
“Una cosa que aprendí es que la rendición de cuentas es probablemente una de las cosas más importantes que puedes tener”, dijo. “Y cuando te haces la víctima, obtendrás simpatía temporal de cualquiera que no conozca la historia completa. Pero eso te impide crecer como persona. Y si vas a ser un líder, debes ser capaz de asumir la responsabilidad”, concluyó.
Este artículo fue traducido por Ariana Almeida-Martínez.
